FGR amplía investigaciones: citan a Maru Campos, Rubén Rocha Moya y exfuncionarios por caso ligado a operativos antidrogas
La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó las investigaciones relacionadas con un presunto narcolaboratorio, la participación de agentes estadounidenses en operativos antidrogas y la muerte de dos elementos de la CIA, un caso que ha generado fuerte impacto político y diplomático tanto en México como en Estados Unidos.
Entre los personajes citados a comparecer se encuentran la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván; el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, además de otros ciudadanos mexicanos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.
De acuerdo con información confirmada por la propia mandataria chihuahuense, personal de la FGR entregó directamente el citatorio en el que se le solicita presentarse a declarar el próximo 27 de mayo ante autoridades federales.
“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, declaró Maru Campos al confirmar que colaborará con las investigaciones abiertas por la Fiscalía.
La gobernadora también cuestionó públicamente si otros actores políticos involucrados en las investigaciones serían llamados a rendir declaración, haciendo referencia directa a Rubén Rocha Moya, quien posteriormente también fue incluido dentro de las comparecencias federales.
Fuentes cercanas al caso señalaron que las investigaciones buscan esclarecer posibles omisiones, vínculos operativos y la forma en que se desarrollaron diversos despliegues antidrogas relacionados con la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
La FGR no ha detallado oficialmente el carácter jurídico de cada comparecencia ni el nivel de responsabilidad que podrían tener los funcionarios señalados; sin embargo, el caso ya es considerado uno de los expedientes más delicados en materia política, judicial y de seguridad nacional en los últimos meses.
La investigación también involucra el análisis de información compartida por agencias de seguridad estadounidenses, lo que ha incrementado la presión política sobre distintas autoridades mexicanas y ha generado cuestionamientos sobre la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico.
El tema provocó reacciones inmediatas entre actores políticos, analistas y ciudadanos, quienes exigen transparencia total en las investigaciones y claridad sobre el papel de funcionarios estatales y federales presuntamente relacionados con los hechos.
Mientras avanzan las diligencias ministeriales, la Fiscalía mantiene bajo reserva gran parte del expediente y no descarta nuevas comparecencias conforme continúe la integración de pruebas y declaraciones.
En medio de este panorama, México enfrenta además un clima de creciente preocupación por temas de seguridad y violencia en distintos estados del país, situación que mantiene la atención pública sobre el actuar de las autoridades frente al crimen organizado y la coordinación internacional en materia de combate al narcotráfico.
