El Salvador extiende la detención sin juicio para miles de personas

En una decisión que prolonga una política de seguridad altamente polémica, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado la extensión del régimen de excepción hasta el año 2027. Esta medida permite al gobierno del presidente Nayib Bukele mantener en prisión a más de 80,000 personas, las cuales fueron detenidas bajo acusaciones de pertenecer a pandillas criminales. La votación, que tuvo lugar el viernes, se ha justificado como un paso necesario para consolidar los logros en la lucha contra la criminalidad, aunque ha provocado una profunda preocupación en la comunidad internacional y en los familiares de los detenidos.

Un contexto de detenciones masivas y falta de debido proceso

Desde la implementación del estado de excepción en marzo de 2022, la Administración Bukele ha adoptado una estrategia de “mano dura” que ha resultado en más de 80,000 arrestos. Organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel local como internacional, han documentado numerosas denuncias de abusos, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Aunque el gobierno salvadoreño argumenta que esta política ha reducido drásticamente la tasa de homicidios, los críticos señalan que la detención prolongada de miles de personas sin un juicio justo vulnera principios fundamentales del Estado de derecho.

La situación se ha vuelto especialmente crítica para las familias de los detenidos. A pesar de que los fiscales aún no han presentado evidencia sólida que vincule a una gran parte de los arrestados con actividades criminales, estos continúan tras las rejas. La extensión del régimen de excepción por dos años adicionales implica que el proceso judicial para estas personas quedará suspendido por un periodo significativo, aumentando la desesperación de sus seres queridos.

Protestas y llamado a la acción

En la capital, San Salvador, las calles fueron escenario de protestas donde madres, padres y otros familiares de los detenidos exigieron la liberación de sus parientes. Con pancartas y consignas, los manifestantes pidieron el fin del estado de excepción y la restitución de los derechos constitucionales. El clamor de una madre resume el sentimiento de miles de familias: “Mi hijo lleva más de un año detenido y no hay una sola prueba en su contra. No puede ser que un gobierno que dice amar al pueblo esté destruyendo familias enteras”.

A medida que el gobierno de Bukele continúa adelante con esta política de seguridad, la atención global se mantiene sobre El Salvador. La prolongación del estado de excepción hasta 2027 plantea serias interrogantes sobre el futuro de los derechos humanos y el sistema de justicia en el país, mientras las familias de los detenidos esperan una respuesta y una resolución a su angustiante situación.