Perú otorga amnistía a fuerzas de seguridad: polémica por ley que exime de responsabilidad por crímenes del pasado
En una decisión que ha generado una fuerte controversia y que ha sido calificada como un revés para la justicia transicional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha promulgado una ley de amnistía que beneficia a miembros de las fuerzas armadas y la policía acusados de graves violaciones a los derechos humanos. La medida, que ha entrado en vigor de inmediato, abarca crímenes cometidos durante el conflicto armado interno que asoló el país entre 1980 y 2000. Este periodo, marcado por la violencia entre el Estado peruano y grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó un saldo de miles de víctimas civiles.
Un retroceso para la justicia y la memoria histórica
La nueva ley ha sido condenada de manera unánime por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como por las víctimas y sus familiares. Los críticos argumentan que esta amnistía socava décadas de arduo trabajo para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de las atrocidades. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que operó en el país entre 2001 y 2003, documentó extensos crímenes de lesa humanidad perpetrados tanto por los grupos terroristas como por agentes del Estado. La ley, según sus oponentes, borra de un plumazo los avances logrados en el esclarecimiento de estos hechos.
Entre las voces críticas más prominentes se encuentra la de la activista peruana de derechos humanos Gisela Ortiz. Ortiz, quien anteriormente se desempeñó como ministra de Cultura de Perú, ha denunciado que la ley es un “pacto de impunidad” que traiciona la memoria de las víctimas. “Esta ley es un golpe a la justicia, una bofetada a las víctimas y un retroceso en la búsqueda de la verdad y la reconciliación”, afirmó Ortiz, agregando que la medida busca proteger a los autores de crímenes atroces y garantiza la impunidad de quienes actuaron al margen de la ley.
Impacto en el sistema judicial y la gobernabilidad
La promulgación de esta ley se produce en un contexto de alta inestabilidad política en Perú, con la presidenta Boluarte enfrentando críticas por su gestión y su respuesta a las protestas que siguieron a la destitución de su predecesor. Sus defensores, principalmente grupos conservadores y militares retirados, argumentan que la amnistía es necesaria para cerrar las heridas del pasado y evitar que los agentes del Estado que actuaron en defensa del país sigan siendo procesados. Sin embargo, los expertos legales advierten que la ley podría violar los compromisos internacionales de Perú en materia de derechos humanos y llevar a litigios en cortes supranacionales.
La decisión de la presidenta Boluarte no solo tiene implicaciones legales y políticas, sino que también amenaza con profundizar las divisiones en la sociedad peruana. Al ignorar las demandas de justicia de las víctimas, la ley de amnistía podría dificultar aún más el proceso de reconciliación nacional y sentar un peligroso precedente de impunidad en la región.
