Chilpancingo, Gro.— El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas y adiciones al Código Penal local con el objetivo de endurecer las medidas contra la cohabitación forzada, una práctica que vulnera gravemente los derechos de niñas, niños y personas que no cuentan con capacidad legal para otorgar consentimiento.
Con las modificaciones al artículo 177 Bis, las y los legisladores establecieron que este delito no solo se configura por la ejecución de la cohabitación, sino también por su gestión o por obtener cualquier tipo de beneficio derivado de estas uniones, aun cuando se pretendan justificar bajo usos y costumbres. La reforma deja en claro que ningún tipo de consentimiento —ni de padres, madres o de las propias víctimas— tiene validez jurídica para eximir de responsabilidad a los adultos involucrados.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Justicia y fundamentado en tribuna por la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, quien señaló que la cohabitación forzada sigue siendo una expresión persistente de violencia estructural contra la infancia en Guerrero. Subrayó que las niñas y niños no cuentan con la madurez ni la capacidad legal para comprender las consecuencias de este tipo de actos, por lo que el Estado tiene la obligación de intervenir de manera contundente.
Entre los puntos más relevantes de la reforma se encuentra el agravamiento de las penas cuando las víctimas pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, así como la implementación de mecanismos de denuncia confidenciales, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Además, se establece que el delito será perseguido de oficio, obligando al Ministerio Público a iniciar investigaciones en cuanto tenga conocimiento de un caso de matrimonio o convivencia infantil forzada.
Las reformas derivan de iniciativas presentadas por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán y las diputadas Glafira Meraza Prudente y Gloria Citlali Calixto Jiménez, y fueron respaldadas como un paso firme para garantizar el interés superior de la niñez.
Con esta decisión, el Congreso del Estado refrendó su compromiso con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a una vida digna y a vivir libres de cualquier forma de violencia.
